Nacional

Unificación de criterios

OCTAVO DÍA | 08.10.2012 04:41 hrs.

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La administración de justicia en nuestra entidad, adolece de viejos vicios, de atávicas prácticas, que sumadas a las limitaciones técnicas y carencia de recursos,  han acarreado rezagos y tardanzas en la emisión de los resolutivos judiciales con que concluyen las contiendas que se ventilan en los tribunales.

El retraso en la conclusión de los juicios, hace inaplicable la máxima promesa constitucional: justicia pronta y expedita, y nos lleva enfrentar una nefasta premisa: la justicia que se retarda, es justicia que se niega.

Es urgente que nuestro Tribunal Estatal dinamice la mecánica operativa de los juzgados y salas unitarias, para reducir significativamente los tiempos procesales.

Ahora que el presupuesto oficial se ha triplicado, y contamos con recursos federales extraordinarios, es necesario que se instale una red interna o intranet que coloque la transmisión de datos y documentos a la altura de la moderna funcionalidad. Debemos ya accesar a la emisión y recepción de documentos en memoria magnética, y relegar paulatinamente la utilización de documentos impresos, con el consecuente ahorro de tiempos, de costos en papel e impresión, y horas-hombre dedicadas a la transcripción de textos impresos en papel.

Los tiempos de espera en la resolución de apelaciones y emisiones de sentencia, se verán significativamente reducidos, si se presentan alegatos, promociones y peticiones en memoria magnética,  en lugar de utilizar impresiones en papel, pues los tiempos de espera más prolongados, son generados por la transcripción que deben hacer los escribientes judiciales, de los escritos y constancias procesales.

Al formalizarse el uso de la memoria magnética, se abatirán los costos, pues cada apelación implica imprimir copias de constancias para formar los legajos correspondientes. Y los tiempos de envío, pues contando con intranet, las constancias se enviarían instantáneamente, en lugar del costoso y lento servicio de paquetería, que tarda varios días en trasladar las copias de los juzgados foráneos a las salas unitarias, ubicadas en la capital del Estado.

De manera paralela, debe empezar a trabajarse en la unificación de los criterios de interpretación de las normas legales.

Es un principio de certeza jurídica, el que en casos iguales,  se apliquen criterios  iguales. Si nuestros tribunales resuelven casos iguales de manera diferente, las resoluciones judiciales se vuelven impredecibles, veleidosas, incongruentes, en perjuicio siempre de la ciudadanía. Al unificarse los criterios de interpretación, se fortalece la aplicación de criterios iguales a casos iguales, lo que se convierte sistemáticamente en un candado que incrementa la seguridad jurídica, garantiza la igualdad en la aplicación de la ley, disminuye la litigiosidad, facilita la tarea interpretativa de los tribunales, incrementa la confianza en el sistema judicial y fortalece la legitimidad del Poder Judicial.

Y es que en la actualidad, en la cotidianeidad de la actividad jurídico forense, nos encontramos que los criterios de interpretación cambian de un juzgado a otro, de una ciudad a otra, de una sala a otra; lo que genera confusiones, duplicidad de resoluciones  y contradicción en la mismas, incremento en los costos procesales y principalmente, incertidumbre y desconfianza del gobernado, que se ve amenazado por la caprichosa resolución generada por un criterio disímbolo, y abre la puerta a la sospecha de corrupción y componendas.

Es grave la problemática que plantea la diversidad de criterios de interpretación, pues en materia penal, repercute en libertades y en tiempos de espera en reclusión. Lo que para un juez es robo con violencia, para otro es robo simple. Lo que es abuso de confianza para un juez, para otro es robo de dependiente. Lo que es fraude para un juez, para otro es un simple incumplimiento de contrato. Y solo por citar algunos ejemplos. La lista es interminable.

Y el pago de la reparación del daño, que al final de cuentas, es el único medio con que cuenta la víctima de un delito para verse resarcido del perjuicio causado por un acto delictivo, es un verdadero laberinto procesal el que tiene que recorrer el victimado, para llegar de la denuncia al pago de la reparación del daño, y cada juez penal en la entidad, tiene su propio y personal criterio respecto al procedimiento de acreditación, cuantificación y requerimiento de dicho pago.

Si es grave el problema de diversidad de criterios de interpretación entre jueces, es más grave la discrepancia que se observa en la interpretación de los magistrados de las salas penales. Bueno, con decirles que hay un magistrado que difiere en ocasiones de su propio criterio. Es como si los martes amanece de buenas y dice: