Sábado 01 de Noviembre de 2014

Opinión

Código Nacional de Procedimientos Penales

OCTAVO DÍA | 09.12.2013 11:45 hrs.

Arturo Rubio Ruiz @ArturoRubioRuiz

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República, aprobaron la emisión de un Código procesal penal único para toda la República, cuya espina dorsal es el respeto a los derechos humanos y a los principios del debido proceso, consagrados en la Constitución, y los tratados internacionales sobre la materia, suscritos por nuestra Nación.
El nuevo código procesal penal unificado, regulará los juicios orales, y la promesa de los legisladores, es que los juicios sujetos al nuevo sistema de justicia penal, serán breves y transparentes, con el propósito primordial de abatir el incremento de la inseguridad pública provocada por el elevado índice delictivo y la impunidad propiciada por la falta de funcionalidad de los órganos encargados de investigar y perseguir el delito, de procurar y administrar justicia.

Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional que sean competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales. Establece lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, respetando en todo momento los derechos humanos.
El Código procesal penal único, acorde a la reforma constitucional del 2008, impone un modelo acusatorio adversarial, obligatorio en toda la República a partir del 2016. Para arribar al esquema unificado, se procuró aprovechar la experiencia de las entidades que actualmente cuentan con ese sistema ya implementado: Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Estado de México y Zacatecas, a través de un novedoso procedimiento de análisis, denominado “Simulador en Materia Procedimental Penal”, que permitió a los legisladores conocer las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad del Anteproyecto en que se basó su dictamen.

Los sujetos procesales previstos en el Código son: el Órgano Jurisdiccional, el Ministerio Público, el imputado, la víctima y ofendido, el Defensor, el Asesor jurídico, la Policía y la autoridad ejecutora de medidas cautelares. Tendrán la calidad de partes: el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.

Se establece la reglamentación de los actos de investigación que se relacionen con la posible violación a derechos humanos, o bien, que afecten el debido proceso en el nuevo Código. Para tal efecto, se reglamentaron los siguientes actos de molestia:
-Cateos.
-Intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información.
-Órdenes de aprehensión/Detenciones.
-Toma de muestras sin el consentimiento del imputado.
-Registro de la investigación.
-Descubrimiento de la investigación.
-Inspecciones corporales.
-Entrevistas a testigos e imputado.
-Identificación de sospechoso.

Sobre los criterios de oportunidad, su aplicación implica un verdadero cambio de paradigma, que significa dejar atrás la institución de la estricta legalidad y replantear el concepto de justicia. Los criterios de oportunidad consisten en acotados márgenes de discrecionalidad —no de arbitrariedad— a través del cuales el Ministerio Público podrá ejecutar la política criminal del Estado mexicano. Estos criterios buscan aumentar la efectividad del sistema de justicia en la persecución de los delitos que más afectan la percepción de inseguridad e impunidad en la ciudadanía.

Los acuerdos reparatorios son el resultado del uso de un mecanismo alternativo de resolución de controversias como la mediación o la conciliación. Dichos mecanismos serán regulados en una legislación especial; sin embargo, dada su conexión natural con el procedimiento penal, el Código incluyó una definición general y sus supuestos de procedencia. El Ministerio Público y el Juez podrán validar los acuerdos reparatorios.

La suspensión condicional del proceso, procederá a petición del Ministerio Público y del imputado, pero en todo caso se escuchará a las dos partes, y procede hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. La suspensión condicional del proceso es un mecanismo alternativo, por lo tanto, se rige por el artículo 17 constitucional.

El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del procedimiento. En estos casos, el imputado reconoce su participación en un hecho delictivo y, como consecuencia, el Ministerio Público y el Juez valoran la pertinencia de reducir, en un margen acotado, la sanción que se impondrá al individuo.

Acción Penal privada. La víctima u ofendido podrá ejercer la acción penal de forma privada, sin la promoción del Ministerio Público, únicamente en los delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión y en aquellos otros casos que el Ministerio Público lo autorice en los términos de su Ley Orgánica. La víctima u ofendido podrá acudir directamente ante el Juez de control ejerciendo acción penal por particulares, en caso de que cuente con datos que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En tal caso, deberá aportar para ello los datos de prueba que sustenten su acción, sin necesidad de acudir al Ministerio Público.

LOS PENDIENTES
Entre los grandes pendientes, destaca la prisión preventiva oficiosa, y el amplio catálogo de delitos en los que forzosamente el imputado habrá de enfrentar en prisión preventiva el procedimiento. Poco abonará esta disposición, al objetivo de despresurizar los centros de reclusión, pues del abanico de conductas delictivas frecuentes, el espectro más amplio lo conforman los delitos en cuyo caso, es obligatoria la prisión preventiva.

Por otra parte, se dota de facultades discrecionales muy amplias a los órganos jurisdiccionales para decretar prisión preventiva aún en los casos en que no sea oficiosa. Conociendo lo medroso del actuar judicial, se abusará de esta facultad y tal como ocurre actualmente, serán mayoría quienes enfrenten la pena anticipada de la prisión preventiva, injusta en la mayoría de los casos.

La operación y funcionamiento de la policía en la etapa de investigación, quedó fuera de la reglamentación procedimental, con lo que permanecerán los viejos vicios en la actividad policial, entre otras causas, por la falta de protocolos estandarizados que regulen su actuación.
A partir de este Código procesal único, habrá que ajustar toda la legislación estatal alterna, como la ley de ejecución de sanciones, las leyes orgánicas y sus reglamentos, de Tribunales, Procuradurías y defensorías públicas.

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